Las guarderías exigen más financiación.
(Fuente: Diario El País-Andalucía, 12-11-2012)
La Junta de Andalucía decidió en el curso 2009-2010
que el primer ciclo de educación infantil pasara a depender de la
Consejería de Educación. Con este cambio se intentó reforzar el
carácter educativo de esta etapa voluntaria.
Paralelamente, se buscó ampliar la red de centros,
compuesta ahora por 1.599 centros públicos y conveniados. Pero el
modelo por el que más apostó el Gobierno regional fue por el de los
convenios. Es decir, los centros son mayoritariamente de titularidad
privada o de otras instituciones, principalmente Ayuntamientos. En
estas escuelas públicas y conveniadas están matriculados este curso
88.553 niños. La Junta emplea un sistema de bonificaciones para las
familias, que supone un desembolso anual de más de 166 millones de
euros. Nueve de cada diez alumnos tiene algún tipo de ayuda. Y en el
35% de los casos está bonificado el 100% de la plaza.
El sistema funcionaba en los años de bonanza. Pero los
problemas de tesorería de la Junta han provocado que las guarderías
sufran retrasos en sus pagos. La Consejería de Educación sostiene
que ya “está priorizando a las escuelas infantiles, que están
cobrando por delante de otros proveedores”.
Tras sufrir los retrasos
en los pagos por parte de la Administración autónoma al final
del curso pasado, las escuelas infantiles de primer ciclo (donde se
atiende a los niños de entre 0 y 3 años) vuelven a estar
enfrascadas en protestas contra la Junta. Una de las patronales —la
Coordinadora
de Escuelas Infantiles de Andalucía— ha convocado una protesta
hoy en Sevilla, lo que se traducirá en paros parciales entre las
11.00 y las 13.00. Por su parte, la Asociación
Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES),
que no secunda la protesta, apuesta por llevar a los tribunales a la
Consejería de Educación.
La Administración y los titulares de las antiguas
guarderías
están negociando en estos momentos un nuevo convenio. Y el contexto
de recortes es un pésimo escenario para llegar a un acuerdo. Las
patronales llevan años reclamando a la Junta que el precio público
de la plaza en esta etapa voluntarias (que lleva congelado tres años)
se ajuste al coste real. “No se puede subir el precio porque
supondría gravar más a las familias”, sostiene la Consejería de
Educación, el departamento del que dependen las escuelas infantiles
desde 2009.
Pero, al margen de la negociación del nuevo convenio,
lo que ha colmado la paciencia de los propietarios de las guarderías
ha sido la eliminación de un pago compensatorio que la Junta
realizaba durante el mes de agosto y la supresión de parte de las
ayudas del servicio de comedor. Esta liquidación extraordinaria de
agosto pretendía compensar la diferencia que existía entre el coste
real de cada plaza y el precio público, fijado por la Junta en
278,88 euros mensuales con servicio de comedor y 209,16 sin comedor.
“Está muy por debajo del real”, sostiene María José Ordóñez,
responsable del sector de educación infantil de ACES. La consejería
decidió en junio eliminar ese ingreso. “La escuela pública ha
sufrido una merma presupuestaria importante que se ha repercutido a
todos los sectores”, argumenta el departamento de Mar Moreno.
“Hasta ahora, las escuelas infantiles son las únicas que cobran
por servicios que no prestan, como el mes de agosto”, añade la
consejería.
Las explicaciones de Educación no convencen a las
distintas patronales. “Todas las organizaciones estamos muy
molestas”, afirma Ordóñez. Sin embargo, no existe unidad de
acción.
Mientras ACES plantea “la posibilidad de acometer un
proceso judicial” para reclamar la suspensión del pago de agosto,
la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha convocado
protestas para hoy. Charo de la Peña, vicepresidenta de esta
patronal, sostiene que algunos centros optarán por el “cierre
total” y otros por “prestar servicios mínimos”. “El ambiente
está muy caldeado”, afirma de la Peña.
Tras sufrir los retrasos
en los pagos por parte de la Administración autónoma al final
del curso pasado, las escuelas infantiles de primer ciclo (donde se
atiende a los niños de entre 0 y 3 años) vuelven a estar
enfrascadas en protestas contra la Junta. Una de las patronales —la
Coordinadora
de Escuelas Infantiles de Andalucía— ha convocado una protesta
hoy en Sevilla, lo que se traducirá en paros parciales entre las
11.00 y las 13.00. Por su parte, la Asociación
Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES),
que no secunda la protesta, apuesta por llevar a los tribunales a la
Consejería de Educación.
La Administración y los titulares de las antiguas
guarderías
están negociando en estos momentos un nuevo convenio. Y el contexto
de recortes es un pésimo escenario para llegar a un acuerdo. Las
patronales llevan años reclamando a la Junta que el precio público
de la plaza en esta etapa voluntarias (que lleva congelado tres años)
se ajuste al coste real. “No se puede subir el precio porque
supondría gravar más a las familias”, sostiene la Consejería de
Educación, el departamento del que dependen las escuelas infantiles
desde 2009.
Pero, al margen de la negociación del nuevo convenio,
lo que ha colmado la paciencia de los propietarios de las guarderías
ha sido la eliminación de un pago compensatorio que la Junta
realizaba durante el mes de agosto y la supresión de parte de las
ayudas del servicio de comedor. Esta liquidación extraordinaria de
agosto pretendía compensar la diferencia que existía entre el coste
real de cada plaza y el precio público, fijado por la Junta en
278,88 euros mensuales con servicio de comedor y 209,16 sin comedor.
“Está muy por debajo del real”, sostiene María José Ordóñez,
responsable del sector de educación infantil de ACES. La consejería
decidió en junio eliminar ese ingreso. “La escuela pública ha
sufrido una merma presupuestaria importante que se ha repercutido a
todos los sectores”, argumenta el departamento de Mar Moreno.
“Hasta ahora, las escuelas infantiles son las únicas que cobran
por servicios que no prestan, como el mes de agosto”, añade la
consejería.
Las explicaciones de Educación no convencen a las
distintas patronales. “Todas las organizaciones estamos muy
molestas”, afirma Ordóñez. Sin embargo, no existe unidad de
acción.
Mientras ACES plantea “la posibilidad de acometer un
proceso judicial” para reclamar la suspensión del pago de agosto,
la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha convocado
protestas para hoy. Charo de la Peña, vicepresidenta de esta
patronal, sostiene que algunos centros optarán por el “cierre
total” y otros por “prestar servicios mínimos”. “El ambiente
está muy caldeado”, afirma de la Peña.
Tras sufrir los retrasos
en los pagos por parte de la Administración autónoma al final
del curso pasado, las escuelas infantiles de primer ciclo (donde se
atiende a los niños de entre 0 y 3 años) vuelven a estar
enfrascadas en protestas contra la Junta. Una de las patronales —la
Coordinadora
de Escuelas Infantiles de Andalucía— ha convocado una protesta
hoy en Sevilla, lo que se traducirá en paros parciales entre las
11.00 y las 13.00. Por su parte, la Asociación
Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES),
que no secunda la protesta, apuesta por llevar a los tribunales a la
Consejería de Educación.
La Administración y los titulares de las antiguas
guarderías
están negociando en estos momentos un nuevo convenio. Y el contexto
de recortes es un pésimo escenario para llegar a un acuerdo. Las
patronales llevan años reclamando a la Junta que el precio público
de la plaza en esta etapa voluntarias (que lleva congelado tres años)
se ajuste al coste real. “No se puede subir el precio porque
supondría gravar más a las familias”, sostiene la Consejería de
Educación, el departamento del que dependen las escuelas infantiles
desde 2009.
Pero, al margen de la negociación del nuevo convenio,
lo que ha colmado la paciencia de los propietarios de las guarderías
ha sido la eliminación de un pago compensatorio que la Junta
realizaba durante el mes de agosto y la supresión de parte de las
ayudas del servicio de comedor. Esta liquidación extraordinaria de
agosto pretendía compensar la diferencia que existía entre el coste
real de cada plaza y el precio público, fijado por la Junta en
278,88 euros mensuales con servicio de comedor y 209,16 sin comedor.
“Está muy por debajo del real”, sostiene María José Ordóñez,
responsable del sector de educación infantil de ACES. La consejería
decidió en junio eliminar ese ingreso. “La escuela pública ha
sufrido una merma presupuestaria importante que se ha repercutido a
todos los sectores”, argumenta el departamento de Mar Moreno.
“Hasta ahora, las escuelas infantiles son las únicas que cobran
por servicios que no prestan, como el mes de agosto”, añade la
consejería.
Las explicaciones de Educación no convencen a las
distintas patronales. “Todas las organizaciones estamos muy
molestas”, afirma Ordóñez. Sin embargo, no existe unidad de
acción.
Mientras ACES plantea “la posibilidad de acometer un
proceso judicial” para reclamar la suspensión del pago de agosto,
la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha convocado
protestas para hoy. Charo de la Peña, vicepresidenta de esta
patronal, sostiene que algunos centros optarán por el “cierre
total” y otros por “prestar servicios mínimos”. “El ambiente
está muy caldeado”, afirma de la Peña.
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