Las guarderías exigen más financiación.
(Fuente: Diario El País-Andalucía, 12-11-2012)
La Junta de Andalucía decidió en el curso 2009-2010
que el primer ciclo de educación infantil pasara a depender de la
Consejería de Educación. Con este cambio se intentó reforzar el
carácter educativo de esta etapa voluntaria.
Paralelamente, se buscó ampliar la red de centros,
compuesta ahora por 1.599 centros públicos y conveniados. Pero el
modelo por el que más apostó el Gobierno regional fue por el de los
convenios. Es decir, los centros son mayoritariamente de titularidad
privada o de otras instituciones, principalmente Ayuntamientos. En
estas escuelas públicas y conveniadas están matriculados este curso
88.553 niños. La Junta emplea un sistema de bonificaciones para las
familias, que supone un desembolso anual de más de 166 millones de
euros. Nueve de cada diez alumnos tiene algún tipo de ayuda. Y en el
35% de los casos está bonificado el 100% de la plaza.
El sistema funcionaba en los años de bonanza. Pero los
problemas de tesorería de la Junta han provocado que las guarderías
sufran retrasos en sus pagos. La Consejería de Educación sostiene
que ya “está priorizando a las escuelas infantiles, que están
cobrando por delante de otros proveedores”.
Tras sufrir los retrasos
en los pagos por parte de la Administración autónoma al final
del curso pasado, las escuelas infantiles de primer ciclo (donde se
atiende a los niños de entre 0 y 3 años) vuelven a estar
enfrascadas en protestas contra la Junta. Una de las patronales —la
Coordinadora
de Escuelas Infantiles de Andalucía— ha convocado una protesta
hoy en Sevilla, lo que se traducirá en paros parciales entre las
11.00 y las 13.00. Por su parte, la Asociación
Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES),
que no secunda la protesta, apuesta por llevar a los tribunales a la
Consejería de Educación.
La Administración y los titulares de las antiguas
guarderías
están negociando en estos momentos un nuevo convenio. Y el contexto
de recortes es un pésimo escenario para llegar a un acuerdo. Las
patronales llevan años reclamando a la Junta que el precio público
de la plaza en esta etapa voluntarias (que lleva congelado tres años)
se ajuste al coste real. “No se puede subir el precio porque
supondría gravar más a las familias”, sostiene la Consejería de
Educación, el departamento del que dependen las escuelas infantiles
desde 2009.
